LA CONFISCACIÓN DEL PODER

En las democracias “normales”, las elecciones son un instrumento para acceder al poder. Lo cual significa que al poder al que se accede se podrá ejercer dentro de los límites que el propio sistema establece.

Conocidas las reglas del juego, sabidos los pesos y contrapesos del sistema, ganar una elección supone poder ejercer la posición que se obtiene sin otras limitaciones que las que imponen las conocidas reglas del juego y la habilidad o falta de ella, de quien ejercerá el cargo para el que ha sido electo.

Los candidatos, una vez triunfantes, aplicarán los programas que han diseñado para desempeñar con éxito la posición para lo cual han sido seleccionados. Revisarán las normas aplicables a su posición. Analizarán los presupuestos con los cuales cuentan para financiar su gestión. Revisarán los impuestos que pueden cobrar y establecerán prioridades para el gasto. Conocerán las leyes que se aplicarán en su gestión y sabrán, de antemano, los ingresos que pueden recibir del gobierno central cuando de autoridades regionales se trate. En otras palabras, un candidato a gobernador o alcalde tiene derecho a conocer no solo las dificultades con las cuales tropezará para ser electo sino que deberá poder ejercer su cargo una vez electo amparado por las normas que regulan su actuación. Solo así podrá ocuparse de los graves problemas que afectan a su comunidad. Solo si siente que tiene la libertad de actuar con la seguridad de que sus derechos como gobernante serán respetados podrá dedicarle al cargo el tiempo y el conocimiento necesario para ser exitoso.

Lamentablemente para los candidatos a gobernadores y alcaldes en las próximas elecciones regionales, ganar no significará haber conquistado el poder. Ganar la elección puede convertirse en una forma de subordinación no descrita en la constitución vigente. Ganar puede ser para los triunfadores el comienzo de un calvario no incluido en las atribuciones y obligaciones asociadas al cargo.

El régimen ha decidido que, independientemente de quienes resulten ganadores en noviembre las regiones serán gobernadas por el capricho del gobierno central, el cual les proveerá o negará recursos de acuerdo al grado de subordinación que estén dispuestos a exhibir.

Dada la clara intención del régimen de abortar todo intento de descentralización mediante gobiernos con caras regionales, defensores de los derechos de sus territorios, los futuros gobernadores y alcaldes deberán establecer como su primera prioridad la de gobernar, enfrentándose desde el primer día a todo intento centralista que pretenda negarle el libre uso de todos los recursos a los cuales constitucionalmente tienen derecho.

El gran reto que enfrentan las fuerzas democráticas del país no es solo utilizar el recurso electoral para acceder al poder y debilitar al régimen. El reto es impedir que el resultado electoral se convierta en una farsa dentro de la cual el régimen mantenga todos los hilos del poder independientemente de que ganen o pierdan las elecciones.

Si las nuevas autoridades regionales sucumben ante las presiones del gobierno central se habrá consumado el mayor fraude electoral de nuestra historia. Uno donde no habrá habido necesidad de alterar los resultados. Uno donde se habrá burlado impunemente la voluntad popular. Uno que obligará a los ciudadanos a luchar por sus derechos utilizando todos los medios a su disposición. Sin temor a las retaliaciones del régimen que nunca podrán causar más daño que el que se autoinfligirán quienes se rindan sin pelear.