Distinguidos dirigentes sindicales han afirmado que, salvo la Constitución, la Ley del Trabajo, es el instrumento legal más importante de nuestra sociedad. Depende. No dudo que esta ley que tiene más de 600 artículos y que regula todo lo regulable en las relaciones obrero-patronales sería muy importante si, uno, regulara las actividades laborales de todos y dos, sus disposiciones se cumplieran en forma estricta tanto por trabajadores como por patronos. Me temo que ni lo uno ni lo otro. Veamos.
Según el censo reciente la población venezolana es de unos 28 millones. El 66,6% son personas entre 15 y 64 años (aptas para el trabajo), es decir, 18.5 millones. De estas alrededor de 13 millones constituyen la fuerza laboral. Casi la mitad está en el mercado informal y no se rigen por la Ley del Trabajo. En la otra mitad, están las grandes y medianas empresas y los trabajadores del sector público que, aunque cubiertos por sus disposiciones, tienen contratos colectivos que superan las obligaciones de la Ley. Los trabajadores de las pequeñas empresas y del campo, por lo general, aceptan condiciones inferiores a las establecidas en la ley.
¿Quiénes se benefician de la Ley del Trabajo? Muy pocos de verdad. Por otra parte, sus disposiciones más avanzadas por lo general no se cumplen y este régimen ha batido todos los records de violaciones a la Ley. No paga las prestaciones sociales completas y ya ha acumulado una deuda tal que ni el petróleo podrá pagarla. No cumple, por lo general, con disposiciones como cesta tickets y guarderías infantiles. No negocia los contratos colectivos y niega derechos sindicales y los fondos anunciados por el presidente para cancelar lo debido serán una nueva frustración y otra confiscación.
Tenemos la paradoja de una Ley del Trabajo que ofrece mucho y un salario mínimo que no alcanza ni para cubrir el costo de la cesta alimentaria. La Ley es como la Constitución, una lista de buenos deseos y de ofertas incumplibles. Ahora, el régimen amenaza con una nueva ley que aumentará las ofertas y empeorará el problema de una legislación que, como la actual, sólo beneficia a muy pocos trabajadores.
El capital nacional y extranjero, en un mundo globalizado, prefiere invertir en sociedades que administran las relaciones obrero-patronales en forma moderna y realista. Con frecuencia, en los países industrializados la Ley establece el piso mínimo que todo patrono debe y puede cumplir. De allí en adelante, la contratación colectiva y los acuerdos personales establecen las condiciones entre las partes. Como en Venezuela el trabajador es todavía la parte más débil el piso mínimo de la Ley debe incluir algunas condiciones que en sociedades más modernas serían innecesarias: fórmulas para un salario mínimo adecuado, vacaciones, permiso pre y postnatal, pago por sobre tiempo y días feriados, jornada de trabajo, contribución del patrón y de los trabajadores a la seguridad social, estabilidad en el trabajo, razones para el despido, prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral, no discriminación en el empleo.
Dicho lo anterior, en Venezuela lo que se requiere es la creación de nuevos puestos de trabajo. Inversión pública y privada. Un clima de confianza y un gobierno democrático que respete al capital y al sector privado.
Cuando todos tengamos empleo, quizás, necesitemos una nueva ley del trabajo. Aunque, pensándolo bien, si hay pleno empleo será porque el capital y el trabajo ya se habrán puesto de acuerdo.
Y “eso” es más importante que cualquier ley.
