La última semana ha sido rica en especulaciones sobre el daño real que le puede causar a PDVSA y a Venezuela las acciones judiciales de la Exxon-Mobil contra PDVSA en el exterior.
El oficialismo, a través de todas sus caras, se queja del tratamiento mediático que se le ha dado al caso, tildando de exagerados los posibles daños anunciados que se le harían al patrimonio nacional. Lo que el régimen parece no querer entender es que una noticia de tal magnitud no pueda ocultarse por mucho tiempo y que tanto para los analistas profesionales como los medios de comunicación la ausencia de una “información veraz y oportuna”, por parte del gobierno nacional, inevitablemente resultará en especulaciones de todo tipo. En el debate dado en la Asamblea Nacional un diputado recomendó la salida de Venezuela del CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones), órgano del Banco Mundial. Pues bien, las medidas cautelares solicitadas y tomadas a la fecha se originan por un proceso de arbitraje iniciado por la Exxon-Mobil en la Cámara Internacional de Arbitraje de Nueva York. Nada que ver con el CIADI, que no genera medidas cautelares, salvo que las partes así lo hayan acordado.
Lo que existe legalmente son dos acciones de arbitraje internacionales iniciadas por Exxon-Mobil. Una en el CIADI, en contra de la República de Venezuela por violación de los derechos de la Exxon-Mobil como inversionista extranjero. La otra en la Cámara Internacional de Arbitraje de Nueva York por violación del contrato de Cerro Negro. Es probable que una acción se retire y el caso se concentre en un solo centro. Pero de nuevo, estas son especulaciones. De paso debo aclarar que en la larga discusión en la Asamblea Nacional el único diputado que dijo algo sensato fue Ismael García al solicitar la presencia en el hemiciclo del ministro Ramírez para que explicara “lo que esta pasando” en PDVSA.
Creo sinceramente que el gobierno debe aclarar lo siguiente:
- ¿Qué se reclama en cada uno de los dos arbitrajes?
- ¿Cuántas cuentas de PDVSA han sido congeladas. Dónde y su magnitud?
- ¿Cuáles activos han sido “congelados”?
- ¿Qué posibilidad existe de que se congelen otros activos, como por ejemplo los de Citgo?
- Vista la magnitud de la medida cautelar solicitada ($11.000 millones) ¿Cuánto tendrá PDVSA que “reservar” en sus balances como contingencia ante los procesos de arbitraje?
- ¿Qué acciones legales tomará Venezuela para proteger sus intereses?
- ¿Qué posibilidad hay de que este litigio se resuelva mediante negociación de las partes?
- ¿Por qué no se informó oportunamente sobre un proceso anunciado por Exxon-Mobil desde Junio 2007 e iniciado en septiembre de ese año?
Por último, el daño mayor es a la reputación ya vapuleada de PDVSA y a su menguada salud financiera. No son corrientes medidas de este tipo en procesos de arbitraje salvo que la parte demandante asuma que la demandada o no acatará la sentencia o no tendrá recursos para honrarla. La medida parece exagerada, pero, al no haberse solucionado el caso mediante acuerdo negociado, el campo quedó abierto para un arbitraje contractual y, excepcionalmente, a medidas judiciales como las tomadas. Sin embargo, recordemos que este gobierno ha hecho anuncios sobre su intención de vender activos de PDVSA y vender petróleo a descuento a muchos países. Además, es conocido el endeudamiento por $16.000 millones de PDVSA, así como las ventas de petróleo “a futuro”. En un conflicto comercial quien de señales de debilidad como las mencionadas, desmejora su posición ante la otra parte… nada de lo cual es atribuible a la “cuarta” república.
