Me preocupa cierto sentimiento de angustia de la oposición por dialogar. Ofertas van y ofertas vienen y, la verdad, es que tal como están las cosas, no hay la menor posibilidad de establecer un diálogo entre el oficialismo y la oposición que sea, como debe ser, un prólogo a una negociación. Se supone que como consecuencia de “esa” negociación se arribará a un consenso. En Venezuela, hoy, no hay consenso posible. Por un lado, está el oficialismo totalmente consensuado bajo la tutela de Chávez. Está listo para negociar ya, pero dada su coherencia y fortaleza actual no tiene porque entregar nada para llegar a un acuerdo. Por otra parte, está la oposición, no consensuada del todo en aspectos básicos como estrategia electoral, diseño de planes sobre seguridad social, reducción de niveles de importación de alimentos, programas de seguridad y ataque al hamponato. Dada su dispersión actual y su falta de coordinación a nivel macro la oposición no tiene un consenso lo suficientemente fuerte para negociar con el oficialismo. Por lo tanto está en minusvalía y cualquier intento de dialogar no puede concluir sino en un fracaso o en un acuerdo impuesto por el oficialismo.
No nos olvidemos que en estos procesos la forma es también importante. ¿Quién invita? ¿A quién se invita? ¿Dónde se celebran las reuniones? ¿Quién decide la agenda? ¿Quién dirige el diálogo? ¿Cómo se formaliza lo que se acuerda?
Aunque estoy de acuerdo con el consenso, por mucho tiempo he pensado que para vivir en paz no hay que poner de acuerdo a todos en todo. Eso no es posible, ni tampoco deseable. Hay principios no negociables que sólo un conflicto puede sustituir. Pero, entiéndase bien, en democracias maduras el conflicto no es sinónimo de agitación social, saqueos y atentados contra los derechos ciudadanos. La democracia tiene, dentro de sus virtudes, la capacidad de administrar los conflictos que pueda provocar la disidencia y las diferentes posiciones ante un mismo problema, sin recurrir a la violencia. Pero se requieren instituciones que arbitren, mayorías que decidan y minorías que acepten la solución institucional del conflicto y el derecho a que triunfe el criterio de las mayorías, sin que esto signifique apabullar y restarle oportunidades a las minorías para continuar planteando sus puntos de vista. El problema no es, pues, lograr consenso. El problema es contrastar visiones y aceptar que puede triunfar el punto de vista opuesto al que respaldamos. El único consenso democrático es permitirle a todos los sectores de la sociedad pensar de manera diferente, proponer soluciones con las cuales no estamos de acuerdo y que más de una vez tengamos que vivir en paz con lo que no avalamos.
Dicho lo anterior, pienso honestamente que en Venezuela el diálogo se agotó sin que lo hubiera y la negociación no sería sino una mala caricatura de una buena intención. Como no puede haber diálogo ni negociación, mucho menos puede haber consenso. Vamos, pues, casi seguro a un conflicto.
En un foro celebrado en el año 2002 alguien me preguntó: “Cuando las armas de la república se reparten entre grupos civiles y sus legítimos custodios no hacen nada. Cuando sabemos, como sociedad, que nos están llevando al matadero de la democracia… entonces, ¿Qué hacer? ¿dialogar? ¿negociar? ¿con quién? Y ¿sobre qué? Como “eso” no funciona ¿en qué momento se convierte en lícito que nos arrechemos de verdad, mandemos al carajo a las imposiciones inconstitucionales y le echemos bolas a la disidencia?”
Siete años después, todavía estoy pensando en la respuesta.
