TRABAJO DIGNO

En un anterior artículo sobre la Ley del Trabajo, publicado antes de conocer su nueva versión, dejé claro que esa Ley, hoy modificada, no se aplicaba sino a un sector muy pequeño de la fuerza laboral. En efecto, casi la mitad de los trabajadores está en lo economía informal y no están cubiertos. De la mitad de empleo formal más de un 30% son empleados públicos a quienes este gobierno le ha negado los derechos de la contratación colectiva y no le pagan ni sus prestaciones sociales, ni sus bonos y otros derechos. Para todo efecto práctico no están cubiertos. Del número restante un porcentaje de pequeñas empresas y emprendedores no pueden, por razones económicas, cumplir con todas las disposiciones de la Ley, además los dueños y los trabajadores establecen sus propias condiciones. Quedan, pues, las grandes y medianas empresas que a duras penas podrán cumplir con las nuevas condiciones impuestas, que se verán como “justas”, pero que en realidad obedecen a un capítulo más del gran objetivo de la revolución: acabar con el sector productivo privado del país.


Un régimen como el actual, que se jacta de su interés por los pobres y excluidos no debería promulgar otra ley del trabajo que sólo cubre a quienes requieren menos protección del Estado. Lo que Venezuela necesita es creación de empleo y aumento de la productividad del trabajador. En los últimos años la falta de inversión, las confiscaciones, la inseguridad jurídica y una política económica/social errática que pretende sustituir con subsidios la ausencia de oportunidades para que los ciudadanos generen ingresos por su trabajo, ha resultado en desempleo, subempleo, aumento de la informalidad y una drástica caída en la productividad per cápita del venezolano.

Capriles ha hecho mucho énfasis en dos aspectos: la creación de nuevos puestos de trabajo y la promulgación de una ley que reglamente a las Misiones.

En cuanto a la creación de empleo, el candidato debe entender que si el trabajo no es productivo no habrá masificación del empleo ni crecimiento económico, lo cual generará una nueva espiral de desempleo. Me temo que hay también un problema de actitud. Si observamos las numerosas entrevistas que se le han hecho a ciudadanos por televisión en las cuales se les pregunta qué considerarían un empleo digno, la respuesta siempre es más o menos la misma: que pague bien, seguridad social, buen ambiente de trabajo y oportunidades de progreso. Pero a nadie le he oído decir que le gustaría que su trabajo fuese productivo y que contribuyera al crecimiento y progreso de la empresa. El concepto de recibir sin dar está muy arraigado en el país. Lo cual me lleva a las Misiones. El ideal nacional debería ser que las Misiones fuesen innecesarias porque el país alcanzó el pleno empleo. Ofrecer una ley para legitimarlas tiene dos desventajas. Una, que pareciera que la oposición piensa que las Misiones han sido exitosas cuando las pocas que se han evaluado resultan ser costosas, ineficientes y excluyentes. La otra diera la impresión de que el objetivo fuese el de congelar en el tiempo lo que debe sustituirse cuanto antes por trabajo productivo. Entendemos que el candidato intente neutralizar la estrategia oficial de “asustar” a los ciudadanos convenciéndolos de que perderán “beneficios” que hoy reciben pero, parte de la campaña opositora, debe incluir también una dosis de pedagogía política. Sólo quiero alertar sobre la inconveniencia de hacer, por razones electorales, algunas ofertas que puedan poner en tela de juicio la sinceridad de todas las demás.