Escribo esto el 08/04 dos días
antes de que empiece formalmente el “diálogo” entre oficialismo y la MUD.
Para que pueda existir un
diálogo o negociación con expectativas de obtener resultados, más o menos satisfactorios,
se requieren, entre otras, 3 condiciones. Ellas son: legitimidad,
representatividad y un poder equilibrado de las partes.
Legitimidad. Una primera duda: ¿es el
régimen actual un gobierno legítimo? Para que Maduro pudiera ser candidato y eventualmente
Presidente de la República, todos sabemos que el TSJ y el CNE violaron
descaradamente varios artículos de la Constitución vigente. El resultado
electoral apretado no fue auditado y que Maduro no tenga doble nacionalidad no
ha sido demostrado. Pero Maduro no es el único cuya legitimidad está en duda.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello y algún otro
funcionario del régimen son militares que han recibido promociones recientes.
Según la Constitución, los militares activos no pueden ejercer cargos de
elección popular. El CNE y el TSJ tienen, hace tiempo, rectores y magistrados
con sus periodos vencidos. La Contraloría General de la República no tiene
titular desde hace mucho tiempo. Parlamentarios y alcaldes de la oposición han
sido removidos de sus cargos en otra clara violación de la Constitución.
Entonces, que la MUD se siente a dialogar con un régimen que exhibe graves
dudas sobre su legitimidad ¿no es una manera de borrar todas las violaciones a
la Constitución que le ha permitido ejercer el poder y sentarse en una mesa de
diálogo cuyas sillas no deberían estar a su alcance? ¿Le conviene “eso” a la
oposición?
Representatividad. No hay que elucubrar demasiado
para llegar a la conclusión que ni el oficialismo representa a todos los
ciudadanos que apoyan su gestión ni la MUD representa a un grupo importante de
venezolanos que no están de acuerdo con “acostarse con el enemigo” Entre estos
grupos disidentes están los estudiantes universitarios, María Corina Machado,
Leopoldo López, Antonio Ledezma y muchas ONGs que no aceptarán cualquier
acuerdo al cual lleguen las partes, en el supuesto negado que de este “diálogo”
salga algo “presentable”. Esta ausencia de una verdadera representatividad
deriva no solo por la existencia de una fuerte disidencia que no cree posible
dialogar con este régimen, está también, como ya dijimos, su falta de
legitimidad sin la cual es imposible asumir la representatividad ni de nadie ni
de nada.
Equilibrio de fuerza
entre las partes. El régimen tiene el control de todos los poderes públicos, de la
Fuerza Armada, de los recursos financieros y ha demostrado no tener el menor
pudor en utilizarlos como palanca para permanecer en el poder. Tiene además, la
mayoría comprada de los gobiernos de UNASUR que serán los “facilitadores” del
diálogo.
El régimen se autodefine como
“socialista y cívico militar”. Lo primero que deberían verificar los
cancilleres de UNASUR es en cuál artículo de la Constitución se define la República
en esos términos. No somos una nación socialista. Mucho menos somos un país
cívico militar. Somos una nación en la cual el poder militar debe estar
subordinado al poder civil. O sea, que nuestro gobierno es civil y punto.
PD: Escrito lo anterior,
decidí aguantarlo hasta ver la sesión inaugural del diálogo el jueves 10/04.
Allí no se dijo nada que ya no estuviera dicho, es más, no se denunciaron
hechos como el descarado ventajismo electoral del oficialismo y el uso
inconstitucional de los recursos del Estado en sus campañas. Rescato las
intervenciones de Ramos Allup que coinciden, casi verbatim, con algunos de mis
argumentos (no hablamos antes) y la de Omar Barboza que desmontó con cifras
oficiales la increíble aseveración de Rafael Ramírez al afirmar que la política
económica del régimen había sido exitosa. El régimen dejó claro que oposición y
gobierno pudieran coexistir bajo el socialismo del siglo XXI y que ese modelo
no lo cambiaría ¿Entonces qué hacemos allí?
