domingo, 29 de agosto de 2010

PLAN NACIONAL IX

Hoy hablaremos sobre la Fuerza Armada (FAN).
Empecemos por la historia. No ha habido ni hay en Venezuela una subordinación total del poder militar al poder civil. El siglo XIX fue rico en asonadas militares y en el siglo XX Castro triunfó por las armas y Juan Vicente Gómez lo sustituyó con el apoyo del ejército. Luego en 1945 se destituyó al General Medina Angarita por un golpe cívico militar y en 1948 las mismas armas defenestraron al experimento de Betancourt. La aparente subordinación del poder militar al poder civil se interrumpió por varios intentos de golpe durante el periodo de Betancourt (1959-1964) hasta que en 1992 la paz interna sufrió un shock con la asonada de Chávez. Muchos atribuyen ese intento de golpe a una crisis económica-social. La verdad es que fue una crisis política-militar y lo trágico fue que demostró que en Venezuela algunas asonadas militares, aun fracasando, triunfan. Allí está Chávez 18 años después, con 12 años en el poder para demostrarlo. Hoy, la situación es mucho peor que la de los años de la democracia (1959-1990) Ahora no se trata de una falta de subordinación del poder militar al civil. No hay poder civil, el régimen es militar y los ciudadanos se preguntan ¿cómo se sale de un gobierno militar que aparentemente controla al poder castrense y las armas y que quiere perpetuarse en el poder? En el tránsito de un gobierno civil a uno militar este régimen ha cambiado el perfil de la FAN así: La subordinó a los intereses de un solo hombre. Promovió la corrupción moral y material de la oficialidad para asegurar lealtades. Pretende cambiar la división política del territorio nacional para adecuarlo a los fines de la “revolución”, estableciendo autoridades militares sobre las civiles. La politizó y utilizó con fines proselitistas. Creó cuerpos de reserva y milicias como fuerzas paralelas a la institución y se adjudicó el rango militar de Comandante en Jefe dentro de la jerarquía castrense.
Ante un cambio de gobierno sugiero: devolverle a la FAN las atribuciones y objetivos descritos en la Constitución vigente. Crear la figura del coordinador del Estado Mayor Conjunto como cabeza visible del sector militar en lo técnico. Restituir la división de la FAN entre sus componentes. Nombrar un civil como ministro de la Defensa con viceministros civiles para las diferentes fuerzas. Prohibir el ejercicio de cargos públicos civiles a militares en servicio activo. Salvo en casos de extrema gravedad no utilizar a la FAN para restituir el orden público interno. Rescatar su misión como defensores de la integridad física de la Nación. Imponer un sistema de promociones meritocráticas. Por último, el problema de la no subordinación del poder militar al poder civil hay que resolverlo mediante dos enfoques simultáneos: 1. Educar desde la escuela a los niños y desde la Academia Militar a los cadetes sobre la autoridad del poder civil ante el poder castrense. Desmontar el mito de que toda nuestra gesta de independencia se debió a héroes militares y rescatar a los héroes civiles. Todos los golpes de estado que han sucedido deben ser condenados. Hecho lo anterior, tenemos que construir un país sin pobreza, sin exclusión, sin hambre, con seguridad social amplia y solidaria y pleno empleo. Por un lado la educación y por el otro la eliminación de la excusa para obligar a los militares a enterrar la noción de que pueden “arreglar esto”. Ni pueden ni han podido pero, “por si acaso”, no permitamos que racionalicen el uso de los cañones.
¡No más de lo mismo!

domingo, 22 de agosto de 2010

PLAN NACIONAL VIII

Hoy hablaremos sobre derechos humanos.
Venezuela es ahora un campo abierto para la violación de los derechos humanos. La inseguridad ciudadana representa la mayor manifestación visible del desprecio que tiene Chávez por la vida. En once años de gobierno y, ante unas estadísticas de criminalidad inaceptables, no ha habido reacción ni indignación presidencial, dando pie a que subalternos se atrevan a burlarse en televisión de esta tragedia nacional. La violación de los derechos humanos es institucional. El poder judicial garante de la aplicación de las leyes, como todos los otros poderes públicos, está subordinado al capricho presidencial. Los jueces son nombrados por su identificación con el régimen y despedidos sumariamente cuando sus decisiones no favorecen a la “revolución”. La juez Afiuni ha sido encarcelada por órdenes públicas y directas del Presidente. No se respeta el debido proceso, se violan los plazos para dictar sentencia y se demora su publicación para retrasar el derecho de apelación. Se detiene arbitrariamente a quienes opinen en forma diferente al pensamiento único. Cuando se decretó una amnistía colectiva ésta se aplicó en forma selectiva beneficiando a algunos y excluyendo a otros (caso de los comisarios). Los centros de reclusión son un infierno donde se violan todos los derechos de los presos. Se confisca ilegalmente la propiedad privada. Hay, también, violaciones indirectas: La corrupción y las entregas de recursos a otros países, son prácticas que sustraen del flujo financiero nacional recursos que servirían para combatir la pobreza y financiar proyectos de interés social. El régimen ha ignorado decisiones tomadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el caso Forero y Vivas violó descaradamente el derecho de asilo al presionar al gobierno de El Salvador para que los entregara, irrespetando el principio de la “no devolución” del asilado. Sobre esto Marco Tulio Bruni Celli ha escrito un libro de indispensable lectura (El Caso Vivas-Forero. Libros de El Nacional) sobre el derecho de asilo y mucho más.
Cuando emerja un nuevo gobierno sugiero: Nombramiento de un poder judicial autónomo, estableciendo condiciones mínimas para poder optar a los diferentes niveles de la judicatura, estableciendo la meritocracia y la figura del juez electo popularmente por circunscripciones geográficas, con la excepción de los jueces superiores a designar por la Dirección Ejecutiva de la Judicatura y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que serán nombrados por la Asamblea Nacional, que también designará al Fiscal, al Contralor y a los rectores del CNE, seleccionados de listas de candidatos propuestos por instituciones de la sociedad civil (a determinar). Elegir por voluntad popular al Defensor del Pueblo y darle autonomía plena para actuar en defensa de los ciudadanos y no, como hoy, en defensa del régimen. Estimular y proteger a las ONG cuyo objetivo principal sea la defensa de los derechos humanos. Actuar decididamente ante las instituciones internacionales a fin de que se apliquen sanciones a los países violadores de los derechos humanos, desde las de tipo económico hasta la de una intervención armada cuando los excesos lo ameriten. Luchar por ampliar el número de delitos contra los derechos humanos que pueda conocer la Corte Penal Internacional.
Promover públicamente los derechos humanos y hacerlos materia obligatoria del pensum escolar. Convertir a cada ciudadano en defensor de esos derechos y en activista potencial de esa causa.
¡No más de lo mismo!

domingo, 15 de agosto de 2010

PLAN NACIONAL VII

Hoy hablaremos sobre corrupción.
Este régimen ha recibido la mayor cantidad de ingresos de gobierno alguno, con una ausencia de controles y auditorías sobre el gasto público. Hay un desprecio al profesionalismo y la convicción de que los grandes problemas se resuelven mediante la improvisación y, lo más importante, es que cualquier costo es justificado siempre que pueda incluirse en el discurso presidencial la enumeración de algunos presuntos logros.
En un país donde la corrupción sembró su tienda hace ya muchos años, lo descrito solo podía resultar en que la corrupción oficial se disparara hasta el punto de ser parte del sistema y como tal hacerse impune ante cualquier denuncia. Sin embargo, toda corrupción institucionalizada tiene sus límites y cuando estos se violan, la hasta entonces pasiva ciudadanía reacciona y obliga a los poderes públicos a tomar medidas punitivas, so pena de correr el riesgo de que el régimen pierda el poder (remember Irán). Dos ejemplos violatorios ilustran el punto: uno, PDVAL, Bariven y otros responsables por los alimentos podridos han sido ampliamente denunciados y la opinión pública no debe dejar de reclamar castigo a los culpables. Dos, el hundimiento de una gabarra de perforación. Esto no ha producido la misma indignación. No obstante, la corrupción es tan evidente como para que el caso no se olvide. Veamos los hechos (basados en informes elaborados por Gustavo Coronel) El 13 de abril 2010 la gabarra Aban Pearl se hundió, era propiedad de Aban Shore Company, una empresa de la India y había sido alquilada por PDVSA a la empresa PetroMarine por un período de 5 años. La compañía propietaria hindú afirmó recibir un monto de $358.000 diarios por su alquiler. PDVSA en su informe 2008 registró que el convenio con PetroMarine de 5 años era por $1.315.000.000. Esto representa un costo de $721.000 diarios. Una diferencia de $363.000 por día. La empresa dueña de PetroMarine es Isapeco SA registrada en Panamá, con un capital de solo $10.000 y todas las apariencias de una compañía de papel. PetroMarine tiene relación comercial con Astivenca en Venezuela, propiedad de Enoc Martínez, quien fue denunciado por un ex empleado de PDVSA, Fernando Palomo Cuevas, de ser el protegido de Ricardo Coronado, director de PDVSA. Por último, sin confirmar, hay indicios de que los dueños de PetroMarine pudieran ser Enoc Martínez, Hidalgo Socorro y Luis Vierma. Este último, exdirector de PDVSA. Preguntas: ¿Porqué PDVSA contrató a una gabarra a través de PetroMarine, una empresa intermediaria constituida poco antes de la negociación y propiedad de una compañía de papel? ¿Porqué PDVSA paga un sobreprecio de $363.000 diarios? ¿Quién es Enoc Martínez y qué papel juega en todo esto? ¿Porqué las instituciones responsables por la transparencia de las transacciones públicas no han iniciado una investigación? (AN, Contraloría, Fiscalía, auditoría interna PDVSA)
La corrupción no es un fenómeno fácil de erradicar. Para un próximo gobierno sugiero dos enfoques: uno punitivo y otro educativo. El punitivo tiene que basarse en un marco legal rígido y en instituciones que apliquen la ley sin excepción. El educativo requiere luchar por convertir a cada ciudadano en un defensor de la moralidad pública que rechace la corrupción, la persiga, la denuncie, la condene y resista la tentación de participar en ella. Posiblemente sea utópico pensar que todos se comporten de esta manera. Pero si una mayoría importante lo hace será suficiente para construir a otro mejor país.
¡No más de lo mismo!

domingo, 8 de agosto de 2010

PLAN NACIONAL VI

Con este artículo continuo la serie de las ofertas sobre políticas públicas que debe hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Hoy hablaremos sobre política social.
En materia de salud este régimen impuso limitaciones constitucionales a su atención por insistir que “los bienes y servicios públicos” son propiedad del Estado, la cual impide la participación de los medios privados en ese sector. Se paralizo el proceso de descentralización de los servicios de salud. La Misión Barrio Adentro es ineficiente, al igual que la atención en los hospitales del Estado. El seguimiento a las condiciones de vida y enfermedades recurrentes en la población es inexistente. No se ha diseñado un plan nacional habitacional para atender el enorme déficit existente. Más aun, este régimen es el que menos viviendas ha construido de todos los gobiernos anteriores. El plan de pensiones del Seguro Social Obligatorio (SSO) es evidentemente insuficiente tanto en su cobertura como en los montos que paga. A pesar de los enormes ingresos recibidos el régimen no ha establecido un plan nacional de seguridad social moderno y solidario que incluya atención a la salud, pensiones, seguro de desempleo y plan habitacional, además de garantizar una educación acorde con el siglo XXI para todos los niños en edad escolar.
Sugiero: - Crear un fondo de compensación al cual contribuirán todas las empresas de seguros que servirá para contribuir al costo de cobertura de las enfermedades hoy excluidas de estos beneficios. Ello permitirá cubrir a todas las personas independientemente de la edad y de las enfermedades previas. - Diseñar un seguro gratuito que cubra la atención médica básica de todos los ciudadanos, financiado y prestado por el Estado directamente o contratado al sector privado que podrá ser complementado por los seguros privados. Habrá que revisar el plan de pensiones y decidir sobre la conveniencia o no de convertirlo en un sistema individual al estilo de Chile. Quizás dada la estructura del seguro actual será más fácil continuar con el sistema de fondo colectivo. En todo caso hay que revisar tanto su estructura como las contribuciones individuales, patronales y del Estado.
Para financiar el sistema de seguridad social, tanto en lo relativo a las pensiones como en salud, se tomará parte del fondo petrolero que se creará de acuerdo a lo sugerido en mi artículo del 04-07-10. Otra opción sería destinar la regalía petrolera por un periodo de tiempo para crear estos fondos. Un área donde un nuevo gobierno tiene que ser creativo es en el desarrollo de planes de viviendas populares para acabar con la marginalidad actual de los barrios. Pero el esfuerzo tiene que ir más allá. Hay que diseñar una nueva infraestructura para seleccionar nuevas áreas urbanas, embaular las quebradas que se desbordan a la menor lluvia, reubicar las viviendas construidas en zonas de peligro y reemplazar las construidas con materiales inadecuados. Este proyecto solo se podrá desarrollar mediante la estrecha colaboración entre el Estado y el sector privado.
El país se despertó a las deficiencias sociales que sufren la mayoría de sus ciudadanos. En un próximo gobierno habrá que convertir esta preocupación en acción. Para ello, en forma prioritaria, hay que poner a disposición de los que más lo necesitan servicios de salud, educación, vivienda, pensiones adecuadas y, lo más importante, una seria preocupación colectiva por superar la pobreza. Sentir el dolor de los desposeídos como propio.
¡No más de lo mismo!

domingo, 1 de agosto de 2010

PLAN NACIONAL V

Con este artículo continúo la serie de las ofertas sobre políticas públicas que debe hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Hoy hablaremos sobre las relaciones obrero-patronales.
Este régimen ha intentado destruir al movimiento sindical. Desconocido a sus instituciones. Negado la representatividad ganada por muchos años de presencia ante organizaciones internacionales como la OIT. Creado sindicato-patronales oficialistas y estimulado otras formas de organización laboral para integrarlos a una ideología que subordina los derechos de los trabajadores a la prioridad de un supuesto bienestar colectivo. Se niega la discusión de nuevos contratos colectivos. Se despide por razones políticas al personal de empresas y organismo del Estado y, algo muy grave, se desestimulan las inversiones en el sector privado negando la creación de nuevos puestos de trabajo.
Este régimen no solo es enemigo del movimiento laboral sino también del sector empresarial. Es inexplicable que ante esta realidad inocultable los dos sectores no se hayan sentado a diseñar una estrategia para evitar su deceso. Porque ni el movimiento obrero ni el sector privado tienen la menor oportunidad de sobrevivir si continúan mirándose el uno al otro como si estuvieran en el siglo XX. La relación obrero patronal tiene que otear al futuro con visión de cambio. Ni pasividad ante el régimen ni intentar revivir un pasado que ya no puede ni debe regresar.
Sugiero: – Crear redes interactivas entre empresas que refuercen sus debilidades. Optimizar el uso del capital y extraerle el máximo beneficio. Reconocer, por parte del entorno político, la importancia de la propiedad documentada. Hacer realidad el sueño de Hernando de Soto y convertir a la marginalidad en propietaria.
En lo posible hay que convertir al trabajador en accionista. En las empresas del Estado colocar 20% de sus acciones en un fideicomiso de los trabajadores. En las empresas privadas diseñar diferentes modalidades de participación. En la administración pública crear un cuerpo profesional que administre las políticas de diferentes gobiernos sin temor a ser despedidos. Desarrollar un mercado de capitales. Esto permitirá la creación de fondos mutuales que le darán al trabajador la oportunidad de tener un interés real en sectores que van mucho más allá de las actividades de sus empresas. Hay que crear un marco normativo flexible en materia laboral. Se deberá reconocer el derecho de todo ciudadano al trabajo y eliminar de la legislación el derecho patronal, mediante pena pecuniaria, al despido de sus trabajadores sin causa justificada. Se deberá crear una sala laboral permanente de arbitraje que decidirá sobre el derecho y la facultad de despedir que mantiene el patrono en casos especiales. La normativa legal se limitará al establecimiento de las condiciones mínimas e imprescindibles para regular las relaciones entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva será el instrumento regulador de esas relaciones. A su vez ésta también se simplificará al pasar los trabajadores en casi todas las empresas a la condición de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se simplificará cuando la gerencia y los trabajadores se encuentren en las asambleas de accionistas.
Todo lo anterior, que hace unos años parecería una utopía irrealizable, habrá que convertirla en realidad cuando termine esta pesadilla. Mientras tanto, el capital y el trabajo tienen que entender que o se unen o perecen.
¡No más de lo mismo!