domingo, 31 de octubre de 2010

CONFISCACIONES Y VENTAS

¿Piensa Chávez que las repetidas confiscaciones pueden ayudarlo en su empeño de perpetuarse en el poder? ¿O es que ese objetivo no es el que orienta a sus decisiones? ¿Es entonces una estrategia para imponer una ideología: El comunismo, Cuba, socialismo del siglo XXI? ¿O es para atemorizar a todos los empresarios, grandes y pequeños, para imponerles el silencio ante sus desmanes? ¿O hay de todo lo anterior en su estrategia?
Debemos identificar a quiénes, aparte de los dueños de las empresas, perjudican las estatizaciones. Por los negativos resultados obtenidos a la fecha, perjudican a todos los venezolanos.
Hay objetivos claros en la selección de lo confiscado. Veamos solo 3 ejemplos recientes. La confiscación del edificio La Francia. Allí convivían pequeños empresarios ¿será que se quería demostrar que del objetivo estatizador no se escapan los pequeños comerciantes? ¿O, quizás, fue un mensaje al comercio de joyas que no tiene cabida en una sociedad donde no se tolerará ni el lujo ni el consumismo? ¿O fue una decisión para apartar de áreas donde reina el Libertador la presencia del comercio, presuntamente incompatible con el respeto que se le debe al héroe? ¿O fue solamente una demostración del poder que tiene Chávez para imponer sus caprichos por muy atrabiliarios que sean?
El Presidente tiene a las empresas Polar en su mira, pero no se atreve a confiscarlas sin pasar primero por un proceso de ablandamiento.
Confiscando a Agroisleña retira del mercado algunos de los insumos agrícolas imprescindibles para manufacturar los productos que sustentan el prestigio de las empresas Polar. Eso va a pasar, bien porque la confiscación fue una acción no planificada o porque la ya probada ineficiencia gerencial del régimen resultara en una falta de apoyo financiero y técnico a muchos productores del campo con la consiguiente pérdida de su producción.
Al confiscar la Owens se retiran del mercado nacional los envases necesarios para que las empresas Polar puedan comercializar algunos de sus productos. Le queda a la Polar la opción de importar lo que ya no estará disponible en el país. ¿Quién le suministrará los dólares necesarios? Si los productos de las empresas Polar empiezan a escasear, eso traerá consecuencias negativas. El pueblo desinformado la criticará y el régimen la acusará de golpista. La oportunidad estará servida para una nueva confiscación para defender el “interés nacional”.
Cargill ha sido también un objetivo y la estrategia es la misma. Al final, el régimen no puede dejar cabos sueltos en la forma de empresas privadas grandes y exitosas.
Otro objetivo es no pagar el valor real de la empresa, demorar cualquier aporte y finalmente entregar papeles devaluados del Estado como compensación.
En el caso de la industria petrolera la acción es al revés. Se quieren vender activos del Estado (PDVSA) en el exterior al mejor postor público o privado. Ya se empezó con la venta en Alemania y a ésta le seguirá Citgo. El objetivo inmediato es buscar dinero para financiar la campaña presidencial 2012 con alguna holgura y tener un remanente para comprar, mediante subsidios, el voto de la marginalidad que empieza a rechazarlo. Hay, además, el deseo de reducir presencia en los Estados Unidos para no tener activos en ese país que pudieran ser embargados por quienes no han recibido compensación adecuada.
Se confisca en Venezuela y se venden en el exterior nuestros activos. Aparte de las excusas dadas hay ignorancia y desesperación. Malos compañeros de viaje. alberto_quiros@intercon.net.ve

domingo, 24 de octubre de 2010

PLAN NACIONAL XVI

Hoy hablaremos de los subsidios petroleros.
El petróleo que PDVSA vende a descuento alcanza ya volúmenes peligrosísimos. Veamos. China: Estableció un fondo de $20.000 millones para inversiones en el país que PDVSA cancelará a razón de 200.00 barriles diarios (b/d) de petróleo por 10 años, una deuda que no es suya y que no le aportará capital para la inversión.
Bielorrusia: 200.000 b/d con descuento de 30% sobre el valor de mercado. Como ese país necesita solo 140.000 b/d para llenar sus necesidades, le quedarán 60.000 b/d para exportar a precios de mercado. Un gran negocio para Bielorrusia y uno pésimo para Venezuela. El Acuerdo de San José: Firmado el 3 de agosto de 1980. El objetivo era contribuir a la estabilización política de la región. Los países que firmaron fueron: Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El acuerdo de suministro es de 160.000 b/d de los cuales Venezuela y México contribuyen con 80.000 b/d cada uno. Entre 20 y 25% de la factura es financiada por Pemex y PDVSA a largo plazo, a un interés de 2%.
El Acuerdo Energético de Caracas: Llama la atención que sus firmantes originales son los mismos países del Acuerdo de San José. Luego ingresaron Barbados, Guyana, Grenada, Dominica, San Vicente, Antigua, Bermuda, Bahamas, Trinidad y Tobago, Las Granadinas, Surinam, Paraguay y Uruguay. Cuba es un caso especial y, según algunos, ese país es la razón para el Acuerdo a fin de no aparecer como el único favorecido por el régimen venezolano.
Es el momento de sacar cuentas de estos acuerdos especiales. China 200.000 b/d. Bielorrusia 200.000 b/d. Acuerdo San José: 80.000 b/d. Acuerdo de Caracas: 130.000 b/d. Cuba: 100.000 b/d, para un total de 710.000 b/d, más 700.000 b/d de consumo local, nos lleva a un volumen de 1.410.000 b/d. Si la producción es de 2.300.000 b/d, lo que queda para vender a precios de mercado son 890.000 b/d. Esto sin incluir ventas a descuento a Bolivia y a futuro a Japón ¿Cómo, entonces, hace PDVSA para cumplir con compromisos de suministro a otros países, como por ejemplo los Estados Unidos? Muy sencillo y muy costoso, PDVSA le compra petróleo a otros suplidores a precios de mercado y lo revende a veces a descuento. Así suministraba a la Veba en Alemania con petróleo ruso y a Citgo en EEUU con petróleo mexicano y canadiense.
Cuando venga un nuevo gobierno habrá que sincerar los costos de estos acuerdos. Para ello sugiero lo siguiente: que el Ministerio de Energía y Petróleo le compre a PDVSA a precio de mercado los volúmenes que Venezuela quiera vender a descuento. Luego le solicite a la Asamblea Nacional como partida presupuestaria el dinero que requiere para cubrir la diferencia entre el precio de mercado y el subsidiado. Así sabremos primero, cuanto nos cuestan los favores y segundo, la Asamblea Nacional tendrá la oportunidad de decidir si el costo/beneficio vale la pena. Dos ejemplos ilustran el punto. Con el barril de petróleo a $70 el subsidio a Bielorrusia será de $253 millones al año y la factura anual de Cuba será de $2.550 millones ¿cuánto de esto se recupera? ¿Cuánto habría que solicitar como partida presupuestaria? Al cuantificar los costos de esta manera sospecho que serán muy pocos los diputados dispuestos a aprobar subsidios de esa magnitud.
¡No más de lo mismo!
PD: además del costo de los subsidios está el atraso en los pagos. Los países bajo los acuerdos de San José y Caracas deben más de $4.000 millones y Cuba más de $5.000 millones. alberto_quiros@intercon.net.ve

domingo, 17 de octubre de 2010

PLAN NACIONAL XV

Hoy hablaremos de reconciliación.
Hay dos ejemplos de sociedades que superaron exclusión, divisiones y violencia mediante la reconciliación entre todos sus sectores: Perú y Sudáfrica. No nos dejaron un modelo exacto para nuestro necesario proceso de reconciliación, pero destacan entre sus conceptos básicos lecciones útiles para Venezuela. Veamos. La reconciliación se hace difícil si no hay un proceso-mecanismo para descubrir la verdad de lo ocurrido. La evaluación del daño causado debe diferenciarse desde la acción directa hasta la complicidad silenciosa. Si la verdad es una condición previa, la justicia es su resultado. La justicia es también reparadora de los daños a personas e instituciones. La reconciliación tiene tres niveles: el político (Estado, partidos políticos y las Fuerzas Armadas), el social (entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil) y el intrapersonal (entre los miembros de comunidades e instituciones que se vieron enfrentadas). La reconciliación contempla también legitimidad de las nuevas instituciones, capacidad de crear relaciones positivas y cívicas dentro de diferentes grupos. Desarrollo humano sostenible. Bienestar socioeconómico. Seguridad física. Democracia participativa. Respeto a los derechos humanos. No discriminación de las minorías. Buen gobierno. Promover ciudadanos democráticos. Atención a sectores vulnerables.
Hasta aquí definiciones y políticas sobre la reconciliación extraídas de las Comisiones de la Verdad del Perú y Sudáfrica. Cuando a Venezuela llegue un nuevo gobierno, éste no tendrá que administrar los grados de violación de los derechos humanos que se dieron en los dos países mencionados. No obstante, ha habido violaciones selectivas, corrupción, abuso de poder, la lista Tascón, el despido de los petroleros, la perversión del sistema de justicia, desde sentencias amañadas para favorecer al sector oficial hasta la construcción inmoral de expedientes para castigar a los disidentes. Siembra de odio entre grupos sociales, creación de una nueva exclusión, destrucción de la economía, confiscación ilegal de propiedades privadas.
Un nuevo gobierno tendrá que decidir la mejor forma de aplicar justicia desde la condena formal hasta la moral. Para ello, se debe crear una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con representación del chavismo, no con sentido de revancha pero si para identificar a los culpables y analizar los aspectos sociales que hicieron posible los desmanes. “Si se lleva a cabo la reconciliación del país y la reconstrucción social, pero no se resuelven los conflictos subyacentes estos perdurarán como una herida superficialmente curada que puede abrirse de nuevo ante un cambio de circunstancia” (J. Lederach).
En todo proceso de reconciliación se suscita el dilema entre, por un lado, la persecución y el castigo a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y, por el otro, la amnistía y el olvido. Sin embargo, si no se establecen responsabilidades y estas quedan impunes será difícil implantar normas que desestimulen su repetición en el futuro. Pero, estas responsabilidades no pueden asignarse irresponsablemente. No debemos cobrarle al pueblo chavista, las conductas de algunos de sus líderes que deberán responder por sus desmanes, lo cual no impedirá abrir un amplio proceso de reconciliación. El país tiene que reconstruirse y para ello se necesitará el concurso de todos. Hay que regresar a una sola y feliz Venezuela. Sin exclusiones. Sin persecuciones.
¡No más de lo mismo!

domingo, 10 de octubre de 2010

PLAN NACIONAL XIV

Hoy hablaremos de seguridad.
En casi 12 años de desgobierno este régimen arroja un record desastroso en materia de seguridad ciudadana. Veamos. En 1998 hubo 4.550 homicidios. En 2009, 16.047. En 1998, 110 detenciones por cada 100 homicidios. En 2009, hubo 9. Es decir, que en la actualidad 91% de los homicidas quedan libres sin tener siquiera una detención como sospechoso.
De acuerdo con investigaciones la criminalidad tiene una correlación directa con el grado de urbanización y de pobreza de la sociedad. Ambas variables deben estar fuertemente presentes. Alta urbanización y baja pobreza o alta pobreza y baja urbanización no produce violencia. Sin embargo, en Venezuela ha disminuido la pobreza y aumentado la violencia. La explicación hay que buscarla en el nuevo ambiente político social creado por el discurso y la agresividad del Presidente coreado por sus seguidores. Además, los agentes de seguridad del estado son una clase privilegiada que discrimina la aplicación de la ley, etiquetan conductas no punitivas como criminales y satanizan todo lo que se oponga al proceso. Se ha politizado el ministerio público y los cuerpos policiales sustituyen a buenos profesionales por afectos al régimen. Se comete el error de integrar militares a los cuerpos policiales. No hay política carcelaria. Hay, además, alto consumo de alcohol y disputas entre bandas por el mercado de las drogas y, quizás, lo más importante para explicar la aparente contradicción entre menos pobreza y más violencia, es que la pobreza estructural no ha disminuido. Lo que ha habido es más dinero en la calle y algunas “misiones” que el ciudadano sabe que son temporales. Aunque el Estado los subsidie, los pobres siguen siendo psicológicamente pobres porque al no generar ingresos por su esfuerzo se reduce su autoestima y si el discurso oficial es de odio, exclusión y encubridor de la impunidad no hay que sorprenderse por los niveles de violencia que hoy sufrimos.
Para un nuevo gobierno se sugiere:
La represión y la prevención. Bajo la represión se debe entrenar a los cuerpos policiales. Desmilitarizar su liderazgo. Hacerlos visibles al ciudadano y convertir al agente del orden en amigo y servidor. Promover una ley de desarme. Destruir las armas que se decomisan. Sustituir los antros carcelarios actuales por centros modernos de rehabilitación. Hacer un censo de todos los reclusos. Revisar el Código Orgánico Penal. Designar a los jueces por concurso e institucionalizar la figura del juez elegido de primera instancia.
En materia de prevención desarrollar una política económica creadora de empleos. Construir urbanizaciones para reducir el hacinamiento de los barrios. Dar apoyo a las madres solas para aliviar su carga. Crear suficientes escuelas con alimentación adecuada para combatir la exclusión y la deserción escolar. Promover en los currículos los valores de la paz, convivencia ciudadana y tolerancia. Diseñar un programa educativo para combatir el uso de drogas y alcohol. Estimular en las universidades y liceos la figura del voluntariado.
La violencia en Venezuela tiene ya características de actos innecesarios. Fresco en mi memoria lo que me dijo una veterana policía: “Antes, cuando alguien se introducía en una vivienda le preguntábamos al propietario ¿Qué se llevaron?, ahora, le preguntamos ¿qué le hicieron? Tenemos violencia por la violencia misma y toda la sociedad tiene que participar en la tarea de recuperar la tranquilidad.
¡No más de lo mismo!
PD: Agradezco a Roberto Briceño León y Marcos Tarre por sus aportes.

domingo, 3 de octubre de 2010

PLAN NACIONAL XIII

Hoy hablaremos de la próxima Asamblea Nacional.
Conocidos los resultados de las elecciones podemos establecer que la oposición es mayoría y eso crea expectativas positivas para el 2012 (Chávez es derrotable). Tiene, también, un gran peso ante la opinión internacional, como lo demostraron las declaraciones de algunos observadores europeos. Ha quedado en evidencia el fraude cometido por el régimen al “diseñar” los circuitos electorales para que con menos votos pudieran sacar más diputados. De todos los abusos que cometió el régimen, el reacomodo de los circuitos fue el más perverso y el que le produjo los mayores beneficios.
Con 66 diputados de la oposición el oficialismo no podrá aprobar ni leyes orgánicas y habilitantes ni reformar la Constitución ni designar o remover a los magistrados del TSJ ni a los rectores del CNE, a renovarse en 2013 ni a los representantes del poder ciudadano en 2014 (Fiscal General. Contralor y Defensor del Pueblo). Por su parte la oposición, sin mayoría simple y sin el concurso de los votos del régimen no podrá aprobar leyes ni ejercer un verdadero poder contralor, más allá de hacer ruido. Bajo una democracia “normal” se podría anticipar la posibilidad de que las partes negociaran para poder obtener lo que cada uno desea y así lograr una Asamblea operativa dentro de la cual la constante no sea el saboteo del uno por el otro. También se podría esperar la activa y formal participación de la oposición en la directiva de la Asamblea y dentro de sus diferentes comisiones. Pero no soy optimista. Por lo menos al principio el oficialismo no les extenderá la mano y Chávez no negociará con nadie.
Hay que valorar positivamente los resultados de las elecciones parlamentarias pero me temo que si no tenemos un plan para neutralizar el próximo abuso de poder, de nuevo habremos ganado en las urnas solo para perder después lo que el triunfo nos debería garantizar.
Hay que oponerse a que, en lo que le queda de vida, el parlamento actual legisle en contra de la voluntad de la mayoría ciudadana. Si nos sentamos a esperar a enero 2011 para actuar, descubriremos, más temprano que tarde, que hemos perdido toda capacidad de reacción.
Hay que actuar en dos frentes: 1. Intentar convencer a los nuevos diputados oficialistas de las ventajas de poder actuar conjuntamente en defensa del interés nacional. 2. Dar una demostración de fuerza. La Mesa de la Unidad debe continuar dirigiendo la política opositora y convocar a un gran frente pro defensa de la democracia, sin caer en el asambleismo, conformado por los partidos políticos, las ONG, las organizaciones vecinales, las universidades, los colegios profesionales, el empresariado, el movimiento obrero organizado, los medios de comunicación, la iglesia, los gobernadores, alcaldes y diputados electos. Representantes de estas organizaciones deben ser incluidas en las diferentes comisiones presentes y futuras de la Mesa de la Unidad.
La oposición tiene que actuar como si ya se hubiese incorporado a la Asamblea. De lo contrario Chávez continuará comportándose como si su proyecto tuviese la aprobación de la mayoría. Además, debemos enviar ya misiones a países amigos para denunciar formalmente la maniobra que convirtió al oficialismo en mayoría parlamentaria a pesar de haber perdido el voto popular y alertar sobre la conducta autoritaria que podría derivarse de esos resultados.
Todas las instituciones deben comprometerse públicamente a no aceptar maniobras del chavismo que neutralicen lo que se ganó el 26S.
¡No más de lo mismo!