domingo, 29 de julio de 2012

¿COMANDANTE EN JEFE?

El artículo 330 de la Constitución vigente no le permite al Presidente de la República, como militar activo, presentarse a la reelección. El lenguaje empleado es inequívoco y no se presta a una interpretación diferente: “Las o los integrantes de la Fuerza Armada nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular…”.


El propio presidente insistió en cambiar la Ley Orgánica de la Fuerza Armada mediante decreto Nro. 8096 del 21 de marzo 2011 para incluir un artículo Nro. 6 modificado que ahora lee así: “El presidente o presidenta de la república tiene el grado militar de Comandante en Jefe y es la máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana… tiene bajo su mando y dirección la comandancia en jefe, integrada por un estado mayor y las autoridades que designe. Las insignias de grado y el estandarte de Comandante en Jefe serán establecidas en el reglamento respectivo” No hay, pues, duda alguna, el presidente Chávez es un militar activo. (El Art. 236 de la Constitución le otorga al Presidente la condición de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada pero no como un grado militar sino para establecer la subordinación del sector militar al poder civil)

Por otra parte, el Art. 230 de la Constitución se enmendó mediante el referendo celebrado el 15 de febrero de 2009 y en él se permite la reelección indefinida, es decir, cuantas veces el pueblo a través de elección popular así lo decida. Art. 230 “El periodo presidencial es de seis años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido”. Ahora bien, cuando Henrique Capriles gane las elecciones presidenciales el 07 de octubre, al asumir el cargo, en virtud del Art. 6 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, pasará a ser el Comandante en Jefe de esta con grado de militar activo. Seis años después, si aspirara a la reelección, tal como se lo permite la Constitución, no podría ser candidato porque se lo impediría el Art. 330, ya citado. Visto así, pareciera que hay un conflicto entre dos artículos de la Constitución, uno que le permite la reelección al incumbente de la presidencia y otro que le prohíbe ser candidato si es militar activo.

Veamos el problema desde otro ángulo. Si un militar activo no puede optar a un cargo de elección popular (la presidencia de la república) entonces por definición un militar activo no puede ejercer la presidencia (¿cómo puede ser presidente si no puede ser candidato?) Y el Presidente viola la Constitución cada vez que se pone el uniforme y actúa como militar activo obligando a los oficiales de la Fuerza Armada a que finjan ser sus subordinados dentro de un rango militar jerárquico.

En consecuencia, el Presidente no puede usurpar el grado de Comandante en Jefe definido como tal en el Art. 6 de la ley mencionada, porque se lo prohíbe el Art. 330 de la Constitución.

Aunque, como hemos dicho, parece haber un conflicto entre dos artículos de la Constitución: el 230 que le da derecho al Presidente a la reelección y el 330 que le prohíbe ser candidato a un militar activo, en realidad, fue Chávez quien creó la contradicción al aplicarle el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada a la presidencia de la República para satisfacer su ego militarista y es, ahora, obligación del Tribunal Supremo de Justicia declarar inconstitucional a ese artículo.

En resumen, Chávez podría ser candidato, si se anula el Art.6, lo que no puede ser es militar activo y Presidente.







domingo, 22 de julio de 2012

¿CHIP?

Una vez más este régimen enfrenta a un problema real con una respuesta equivocada. Intenta solucionar el contrabando de gasolina hacia Colombia mediante una forma de racionamiento al consumidor doméstico, que eso es el dichoso “chip”. El régimen sabe por permiso de quiénes y cómo se transportan los grandes volúmenes de gasolina a Colombia. Sabe donde se llenan los camiones cisternas y la ruta que siguen. Quiénes se benefician y cuánto pierde el país por hacerse la vista “gorda” ante este negocio. El margen de ganancia es de tal magnitud que aun repartiendo entre muchos, cada uno de los involucrados se beneficia. El contrabando de gasolina es un gran negocio del cual sacan provecho muchos peces gordos y otros no tanto.


Un nuevo gobierno debe tener la voluntad política y la moral cívica para desmontar a esa conocida mafia. Pero voluntad y honestidad pudieran no ser suficientes para terminar con un negocio tan rentable debido a la enorme diferencia entre los precios de Colombia y Venezuela. Todos sabemos que el subsidio a la gasolina, en este país, es insostenible a los niveles actuales. PDVSA entrega a los distribuidores la gasolina prácticamente regalada, ya que el precio al cual se vende al público no cubre los costos de producción, de almacenamiento, de distribución ni la retribución del capital invertido en las estaciones de servicio.

Lo que se requiere, cuando salgamos de la pesadilla de este régimen, es implantar un sistema de precios de la gasolina al consumidor que permita: 1) Que participen, en el mercado doméstico, diversas empresas públicas y privadas. 2) Que puedan competir entre ellas mediante calidad de servicio y diferentes ofertas en los precios de la gasolina al público. 3) Que parte de la ganancia de PDVSA y del gobierno, por el aumento de precios vaya a un fondo especial que sirva para financiar proyectos de salud y educación pública.

Para lograr lo anterior habrá que abrir la distribución y el mercadeo doméstico al sector privado. El Ministerio de Energía y Petróleo deberá fijar los precios de la gasolina dentro de una banda cuyo nivel inferior sea su costo de producción en nuestras refinerías, más un margen que permita una ganancia pequeña para PDVSA y para los distribuidores. En su nivel superior, un precio ligeramente más bajo que el precio de exportación de la gasolina (Los venezolanos siempre tendremos un precio menor al internacional). Dentro de esa banda, las diferentes empresas que tengan presencia en nuestro mercado ofrecerá cada una sus precios. Por último, el fondo especial debe ser diseñado bajo modelos ya conocidos como por ejemplo, el de Irán. Lo importante es que el ciudadano sepa que el aumento del precio de la gasolina tendrá un destino cierto que lo beneficiará directamente. Si el nuevo gobierno decide que al aumentar la gasolina tiene que subsidiar al transporte público, que lo haga mediante aportes directos al sector. Lo que no debe hacer, como algunos han sugerido, es establecer precios diferentes para varios sectores. Eso sería sustituir al contrabando por otra fuente de corrupción. Por cierto, que cualquier subsidio debe ser cuantificado con anticipación e incluido en el Presupuesto Nacional como un desembolso y no cargado a PDVSA para que se pierda en sus grandes números, como se hace hoy.

El “chip”, como ya se ha demostrado en Maracaibo, sólo produce rechazo de la población. Los problemas complejos no tienen soluciones simples y el régimen debe cuidarse de no castigar a un pueblo que ni tiene la culpa ni se beneficia del contrabando.





domingo, 15 de julio de 2012

LA LUCHA POR LOS NI NI

Parece que el oficialismo se ha dado cuenta que Capriles está acaparando, con sus visitas casa a casa y recorridos pueblo a pueblo, al grupo ni ni que puede decidir la elección presidencial del 07 de octubre. Pero lo que le preocupa más al régimen es que la oferta del “flaquito” está calando en los sectores populares. Su mensaje de inclusión, tolerancia y de ofrecer la posibilidad de un país distinto, donde todos tengan el mismo derecho de recibir del Estado, lo que éste puede dispensar y donde se pueda tener la oportunidad de generar, por esfuerzo propio, lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y algo más. El éxito de Capriles es haber puesto sobre el tapete político una opción sencilla: tolerancia, paz e inclusión versus división, intolerancia y enfrentamiento.


Ya el llamado a un enfrentamiento social no tiene muchos adeptos. El mensaje desafiante, insultante y amenazador no encuentra eco en las grandes mayorías que poco a poco han despertado a la realidad que le recuerda, día a día, los errores, las ineficiencias, las promesas incumplidas y la corrupción de un gobierno que en 14 años de gestión ha dilapidado un capital que, en otras manos, hubiese creado un país moderno, pujante y socialmente justo. De repente el régimen se sabe solo. Las bases populares en las cuales sustentó su apoyo inicial le están dando la espalda. Las instituciones destruidas o disminuidas ya no le pueden dar un nuevo apoyo. Sin embargo, a la Iglesia le queda todavía la fuerza material y moral para ayudarlo a constituir una nueva imagen por su naturaleza proclive al perdón y a conceder nuevas oportunidades.

El otro sector sería el político que pudiera, si no entrar en una nueva alianza, por lo menos disminuir un tanto ante los indecisos su actual y visible enfrentamiento. Por el sector político nos referimos a aquel que tiene poder de convocatoria y una relación estrecha y directa con los electores. Son los gobernadores y alcaldes de la oposición.

Aunque sorpresivo, no es, pues, de extrañar que el régimen invente, ante una debacle popular, una nueva estrategia mediante la cual pretenda establecer ciertos vínculos con estos dos sectores (Iglesia/gobernantes regionales) para discutir la solución de un problema de tal magnitud como la inseguridad ciudadana.

Pero no hay que llamarse a engaño. El régimen que ha desarmado a las policías regionales o ha tomado a otras por la fuerza (Monagas) y que le niega a todas las regiones el 50% de lo que le corresponde por el Situado Constitucional y otras leyes, no tiene otro propósito que el electoral en su reciente convocatoria. La Iglesia, los gobernadores y alcaldes hacen bien en no negarse a asistir a la convocatoria. Hacen bien pero, si de discutir la inseguridad se trata, lo primero que tienen que exigir es que le den los recursos para mantener una policía regional eficiente, amén de recibir los recursos económicos que constitucionalmente le corresponden. Si vamos a conversar tiene que ser entre iguales. El régimen cree ganar votos retratándose con la oposición para dar una nueva imagen de tolerancia. No obstante, a tres meses de las elecciones el nuevo gesto no engaña a nadie. No caigamos en la aparente intolerancia de no asistir pero, que le quede claro a todos que nuestra presencia es para reclamar lo que hasta ahora nos han birlado. Como el régimen no va a rectificar sus tropelías, esta nueva convocatoria resultará en un tiro por la culata.

Como dijo, alguna vez, un ex presidente: “Tarde piaste pajarito”.





domingo, 8 de julio de 2012

A LA CALLE

Para muchos la unidad de la oposición lograda en la MUD ha sido casi un milagro político y es, por lo tanto, algo que no es perfeccionable. Puede ser que a la estructura ya no le quepan otros socios, aunque bajo las condiciones actuales siempre habrá espacio para uno más. Ese no es el punto. La cuestión a resolver es cómo se le saca más provecho político a la unidad. Cómo hacer para agregar a las manifestaciones actuales otras acciones que demuestren no solo una coincidencia política-electoral sino una sola unidad de propósito y una demostración de que todos apoyamos las causas de todos. No es suficiente que Capriles convoque multitudes en cada aparición suya por los rincones del país. No es suficiente que tanto él como la mayoría de los voceros de la oposición critiquen la lista de los problemas que nos afectan. Lo que ahora se requiere es vincular cada problema con una manifestación masiva pública. Por ejemplo, se convoca una marcha en defensa de la autonomía universitaria. Otra para protestar por la inseguridad y otra por el desempleo. Todas llamadas a nivel nacional, en todas las ciudades y pueblos del país. Esa sería la mejor prueba de la unidad nacional. La que convoca a todos los ciudadanos a marchar por los problemas que afectan a diferentes sectores de la sociedad. Todos apoyaríamos la solución de los problemas de otros que con solidaridad haríamos nuestros. Así los que tienen empleo marcharían con los desempleados. Los que no han sido asaltados marcharían con las víctimas contra la inseguridad. Los que tienen vivienda marcharían con los damnificados.

En otras palabras, la nueva unidad estaría en que todos apoyarían las causas de otros haciéndolas suyas. Así le daríamos cuerpo al discurso esperanzador. Tomaríamos la calle y cada manifestación pondría en el tapete nacional la magnitud de la carencia que se denuncia. Pero las manifestaciones de calle no se reducirían a destacar los problemas conocidos. Igual de importantes serían las protestas masivas por los abusos del régimen en materia electoral y por la indiferencia del CNE ante el ventajismo oficial. Así habría protestas por las cadenas presidenciales y por la presencia obscena de ministros y funcionarios en la campaña electoral. Por el uso y abuso de los medios de comunicación oficiales y por poner al servicio del candidato-presidente los recursos del Estado (dinero, bienes, activos). De aquí a octubre tenemos espacio para por lo menos ocho manifestaciones masivas nacionales, para protestar por un problema específico, seguidas de una rueda de prensa dirigida por Capriles cada vez en una ciudad distinta.

No debemos aceptar los abusos de poder del Presidente. Puede ser que no impidamos que continúe violando la Constitución y las leyes. Pero lo que si podemos hacer es dar una demostración de fuerza y de nuestro firme propósito de denunciar sus tropelías. Contra sus cadenas: manifestaciones masivas de calle. Contra las nuevas ofertas engañosas: más calle. Para apoyar las ofertas de Capriles: calle y calle y ponerle nombre propio a cada protesta.


Proponemos como primera marcha una en apoyo a las amas de casa por el desabastecimiento y el alto costo de la vida. Seguida de otra contra las cadenas presidenciales y otra en apoyo a las universidades nacionales…Y así sucesivamente. Para que el régimen se convenza del descontento ciudadano por todas las promesas incumplidas, los abusos de poder, la ineficiencia y la corrupción que nos han afectado a todos por igual.



lunes, 2 de julio de 2012

DIOS LOS CRIA...

Cortesía de Gustavo Coronel recibo el Libelo Acusatorio presentado en el congreso paraguayo para destituir a Fernando Lugo. El documento comienza citando el artículo 225 de la Constitución de Paraguay que permite acusar ante el parlamento a funcionarios públicos, incluido al Presidente de la república y someterlo a un juicio político por el mal desempeño de sus funciones. De ser declarado culpable, será al solo efecto de la separación del cargo. En caso de una supuesta comisión de delitos se pasaran los antecedentes a la justicia ordinaria.


Los hechos que motivaron la acusación fueron los siguientes: 1. Celebración de un acto político en el comando de ingeniería de las Fuerzas Armadas. Con autorización del presidente Lugo se celebró una concentración política de jóvenes en un comando militar, financiado por instituciones del Estado. Se alzaron banderas con consignas políticas y se izó una de ellas en el lugar del pabellón patrio. Funcionarios del gobierno participaron en el acto pronunciando discursos instigando a la lucha de clases.

2. Caso Ñacunday. El gobierno es el único responsable como instigador de invasiones en las tierras de Ñakundai. Hubo falta de respuesta de las fuerzas policiales y el presidente Lugo utilizó las fuerzas militares para generar pánico en los colonos. Además, ha sometido a las Fuerzas Armadas a los denominados “Carteros” (¿milicias?) quienes han cometido abusos y han actuado contra la propiedad privada.

3. Creciente inseguridad. El presidente Lugo ha sido incapaz de disminuir la creciente inseguridad del ciudadano. Los distintos operativos celebrados con gran cobertura periodística y alto costo han sido un total fracaso. Lugo es el responsable de la inseguridad y es también responsable por haber mantenido mucho tiempo como Ministro del Interior a una persona absolutamente inepta e incapaz para ocupar ese cargo. El presidente Lugo ha propuesto y facilitado, a través de algunos miembros de su gabinete y de sus cómplices un conflicto social de dimensiones impredecibles. Las irresponsabilidades de Lugo han costado muchas vidas, víctimas de la inseguridad que el mismo se ha encargado de generar.

4. El protocolo de Ushijaia II. Un documento que, de acuerdo al parlamento, constituye un atentado a la soberanía de la república suscrito por Lugo. Su principal característica es la identificación del Estado con la figura de los presidentes para, en el nombre de la “defensa de la democracia”, defenderse unos a otros.

5. Caso matanza Curuguaty. Muerte de 17 paraguayos en una confrontación por invasión de tierras. Desde que comenzó su gobierno el presidente Lugo ha promovido el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos y la violación del derecho de propiedad. El parlamento paraguayo opina que el objetivo de Fernando Lugo era crear una crisis social y una conmoción interna para justificar un asalto al poder e instalar un régimen violatorio del sistema republicano.

Conclusión. El presidente Lugo ha ejercido el cargo de manera impropia e irresponsable y la causal de mal desempeño se deriva de su actitud de desprecio ante el derecho y las instituciones republicanas.

Es casi increíble como el Libelo Acusatorio contra Lugo refleja caso por caso las violaciones al estado de derecho en las cuales ha incurrido también nuestro presidente: ataque a la propiedad privada. Inseguridad. Politización de la Fuerza Armada y predica de odio entre los ciudadanos. Casi que provoca decirle al presidente paraguayo: “Por favor, Lugo, quítate la l”.