Hay en Venezuela varios grupos estudiando el futuro de la industria petrolera. Con el profesionalismo de sus integrantes es mucho lo que saldrá como sugerencias sobre los múltiples aspectos a cubrir. Quisiera ahora reiterar cuatro criterios que creo deben estar presentes en lo que sin duda serán recomendaciones mucho más amplias.
1. La propiedad del subsuelo.
Es imprescindible que quede claro que el subsuelo pertenece a la Nación (todos los venezolanos) y no al Estado (la representación jurídica y política de la Nación). Esto permitirá tomar parte del ingreso petrolero para financiar planes sociales, incluyendo pensiones y, si se quisiera, aportes en efectivo a los venezolanos. Será suficiente con que una ley aclare este principio. Es más la propiedad de los venezolanos sobre el subsuelo se remonta al Decreto del Libertador en 1829, que dice en su capítulo 1 que las minas (subsuelo) son de la República y en su capítulo 2 que la República las entregará a los ciudadanos que las soliciten (bajo ciertas reglas). No estamos recomendando la propiedad individual sobre el subsuelo pero si la colectiva.
2. Cambiar la ley de hidrocarburos, líquidos y gaseosos para permitirle a los venezolanos y a las empresas nacionales y extranjeras participar en todos los sectores del negocio petrolero. Crear empresas mixtas con una participación del 20% del Estado, 20% del operador, 20% de los trabajadores y 40% colocado en la Bolsa de Valores. Este esquema permite contratar al mejor operador disponible dándole una participación accionaria. Deja al Estado como vigilante del proceso. Le da a los trabajadores una participación importante, que habrá que decidir si es permanente o solo mientras estén empleados y abre al financiamiento nacional e internacional el 40 restante. El objetivo es obtener un sistema de administración donde nadie tenga mayoría y se obligue a buscar alianzas entre las partes. En resumen, un sistema abierto a todos pero donde no regresemos al sistema concesionario. Bajo esta fórmula todos los interesados tendrán presencia accionaria y capacidad compartida de decisión. Con el tiempo, una vez probado el sistema, las partes (operador y estado) podrían colocar sus acciones en la Bolsa de Valores. Pero esto es algo que habrá que estudiar cuidadosamente.
3. Hay que crear una agencia petrolera intermediaria entre el Ministerio de Petróleo (quien dicta las políticas del sector) y las operadoras, que serán varias, con una empresa nacional más pequeña que la actual o, si se considerara conveniente, todas bajo la figura de empresas mixtas como se han descrito.
4. Es imprescindible diseñar un sistema que permita al sistema ahorrar en el exterior (para evitar el Mal Holandés) parte del ingreso petrolero. Por ejemplo si el petróleo está $100 por barril entonces se podría destinar $60 0 $70 al presupuesto nacional y depositar el balance en un fondo especial. Este crecerá con el tiempo y como hemos dicho servirá para financiar planes sociales y si así se decidiera un aporte como suplemento salarial. Hay ya varias recomendaciones sobre esto y será cuestión de analizarlas todas y escoger la más conveniente.
Hay mucho más que analizar pero creo sinceramente que cualquier modelo que al final se escoja debe incluir las cuatro recomendaciones aquí señaladas.
Como algunos de estos aspectos requieren cambios legislativos probablemente habrá que empezar a operar bajo la legislación vigente hasta que se obtenga una mayoría en la Asamblea Nacional.
