Es importante que los
venezolanos, sobretodo los afectos al régimen, entiendan el verdadero propósito
de la “Ley de Precios Justos”. La periodista Valentina Ovalles de El Universal
escribe un buen resumen-análisis bajo el título “Aquí se gana lo que yo diga”.
La ley es inconstitucional desde su calificación de Orgánica promulgada vía Ley
Habilitante, pasando por todos los derechos ciudadanos que viola y que los expertos
en derecho constitucional se encargaran de revelar. Además, la ley es
inaceptablemente punitiva, incluye 14 infracciones genéricas castigadas con
multa, 15 tipos de delitos con sanciones de hasta 50.000 unidades tributarias y
pena de cárcel que en, algunos casos, llega hasta los 10 años (Ovalles dixit). Fedecamaras
prepara una denuncia de inconstitucionalidad que entregará al TSJ. Ya sabemos,
de antemano, que el Tribunal responderá de una de tres maneras: 1. Declarara
inadmisible la solicitud. 2. La admitirá y la engavetará. 3. La admitirá y emitirá
una sentencia que declarará constitucional a la ley que contendrá más
violaciones a la Carta Magna que la misma Ley de Precios. Pero, aunque el
resultado sea previsible es importante la acción de Fedecamaras y, seguramente,
de otros, para agregar este caso a la enorme lista de sentencias inmorales del
TSJ de los últimos años.
Según José Guerra la ley de
Precios Justos es copia al carbón de la Ley “Dorticos” que estatizó a toda la
economía cubana mediante expropiaciones, intervenciones y cierre de todas las
empresas privadas de la isla. Si la ley de Precios Justos es igual o parecida,
la intención detrás de la letra debe ser también la misma.
Allí está el centro del
meollo. La Ley de Precios Justos no hay que analizarla solamente desde un punto
de vista legal ni económico ni mucho menos social. Hay que verla como un
instrumento nefasto para cubanizar definitivamente a Venezuela.
Analicemos los pasos, las
razones y las estrategias que seguirán: 1. Por años el régimen atribuyó sus
fracasos a los gobiernos que le precedieron en el poder. Pero ya han pasado 15
años y esa excusa lo que da es risa (sin embargo, Ramírez, todavía, atribuye el
descalabro de PDVSA a la huelga de 2002) 2. La nueva excusa es que el sector
privado ha desatado “una guerra económica” contra el régimen. Usura,
acaparamiento, corrupción en el uso de las divisas Cadivi y otros delitos,
todos dirigidos a la búsqueda de un nuevo culpable por el desastre
económico-social. 3. El objetivo es crear una escasez de productos básicos en
los renglones de alimentación, salud y repuestos para la industria automotriz y
otras. Esta escasez se incrementa por la pérdida de miles de “containers” de
productos alimenticios importados por el régimen para suplir a Mercal, Pdval,
etc. 4. Creada la escasez, en nombre de la Ley de Costos, se confiscarán algunas
empresas del sector privado, que se exhibirán públicamente como acaparadoras.
De los containers oficiales no se dirá nada. 5. Creado el ambiente de escasez,
según el régimen, como resultado de las acciones del sector privado, se
empezará a confiscar a empresas “culpables” de la guerra económica. 6.
Estatizados sectores importantes de la economía, sobretodo el alimenticio, el
régimen se verá obligado “temporalmente” a racionar el consumo de los
venezolanos, vía tarjetas estilo cubano o por cualquier otro mecanismo más
moderno. 7. Otra justificación para estas medidas seria que lo que se encontró
en las empresas privadas estatizadas fue un desastre de gran magnitud, creado
expresamente para sabotear la gestión del régimen.
Todo lo anterior vendrá
acompañado de un incremento en la represión. En palabras de Cabello: lo que hay
aquí es guerra. Además un ataque despiadado a los medios de comunicación ya
anunciado por Maduro. Lo demás será fácil, incluyendo la imposibilidad tacita
de salir del país, y Venezuela será otra Cuba. Si no hacemos algo ya, no
podremos ni siquiera quejarnos después.
PD: Lo único que no sabemos
todavía es quien será nuestra caricatura de Fidel.
