Hoy es el primer día de un nuevo futuro. Pase lo que pase y cualesquiera sean los resultados electorales el país entrará en una nueva etapa de su historia política. La gobernabilidad encontrará nuevos retos al chocar la voluntad absolutista con obstáculos no presentes a la fecha. Por primera vez el poder ejecutivo se enfrentará a unas estructuras políticas poco dispuestas a darle carta blanca a la voluntad oficial. El poder regional recuperará para la democracia muchos de los pesos y contrapesos que la hacen efectiva y la diferencian de regimenes absolutistas.
La primera “sorpresa” que sufrirá el ejecutivo será descubrir que ya no podrá administrar las finanzas nacionales como si fuesen patrimonio personal. Que hay leyes y procedimientos que norman como repartir entre las regiones el ingreso nacional y que las nuevas autoridades, independientemente de su inclinación política, en su gran mayoría insistirán en recibir lo que legalmente les corresponde.
Los representantes de los poderes públicos empezarán a preocuparse por su futuro y se cuidarán de seguir actuando en forma incondicional ante los caprichos del ejecutivo. Los ciudadanos empezarán a presionar a los partidos políticos para que se organicen para enfrentar los próximos eventos electorales: los comicios para elegir concejales y diputados a la Asamblea Nacional. El cambio inevitable en la composición de estos poderes públicos, amén de los que hayan sucedido a nivel regional, obligarán a desarrollar un nuevo estilo de gobierno, inevitablemente orientado hacia una mayor apertura democrática. Y esto será así porque se habrá terminado la era de la permisibilidad ciudadana. La que ha facilitado el secuestro de los poderes públicos por una camarilla de audaces que llevan años llenando un vacío de interés.
La recuperación de la energía ciudadana ha sido un proceso lento lleno de errores pero que ha ido avanzando sin descanso. Las protestas que se producen a diario dicen mucho sobre la recuperación de la dignidad colectiva sepultada por años bajo la ilusión de unas promesas que ofrecían una vida mejor. Una oferta de inclusión que coincidía con las históricas ambiciones de progreso. Un lenguaje que reflejaba lo que el colectivo quería oír. Por años fue la única voz que se escuchaba con claridad y los que no creyeron en el mensaje no entendieron que el problema no era la oferta. El problema era y es la ineficiencia para convertir la oferta en acción, la confusión ideológica detrás de la oferta y ante el fracaso del esfuerzo, la creación de una nueva hipocresía para intentar ocultar el derrumbe moral del proceso. La corrupción, resultado del enorme ingreso súbito del país, la falta de controles y confusión moral de aquellos que no saben distinguir entre lo público y lo privado, entre el tesoro público y el bolsillo particular.
Hoy empieza el final del período del “dejar hacer” sin reacción. Hoy comienza la etapa del gobierno por resultados. De la rendición de cuentas. Del rescate de las funciones propias de los poderes públicos. Los diputados de la Asamblea Nacional, los magistrados y jueces del poder judicial, los miembros del poder moral, los rectores del CNE y todos los gobernadores, alcaldes, concejales, ministros y demás funcionarios de la administración pública harán bien en revisar sus actuaciones para adecuarlas a la nueva realidad. Eso, o la salida del cargo.
¡Se acabo “el almuerzo gratis”!
